“Aplicar literalmente o, incluso, parcialmente la Directiva Bolkestein en Canarias sería una amenaza letal para el pequeño y mediano comercio; un auténtico suicidio económico”. Así se expresaba hoy el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín, tras conocer los resultados del Dictamen elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL), que advierte sobre los peligros de que en Canarias se establezca una regulación que permita sin cortapisas la implantación de grandes superficies, tiendas de descuento duro, de saldo permanente y libertad de horarios comerciales.
El Dictamen sobre el impacto de la aplicación de la Directiva de Servicios Europea en Canarias fue presentado esta mañana por el catedrático de Economía Aplicada de la ULL, José Luis Rivero Ceballos, el presidente de la Confederación Regional de Comercio de Canarias (CORECO), Luis de Miguel Bartolomé, y el vicepresidente de la Confederación de Pymes del Comercio de Las Palmas, Graciliano Afonso.
Durante su intervención, Rivero Ceballos aseguró que la Ley de Comercio que regula actualmente esta actividad en Canarias debe mantenerse por encima de los criterios de la nueva directiva, que pretende eliminar todas las barreras a la competencia. “Nuestra legislación no es discriminatoria, es necesaria y, además, proporcional, los tres requisitos que exige la UE para permitir excepciones a la directiva”.
Advirtió, además, de que una liberalización radical del comercio en una economía vulnerable como la de Canarias podría conducir, paradójicamente, a una limitación o eliminación de la competencia, es decir, se podrían producir situaciones de dominio, oligopolios y monopolios”. De hecho, en el informe de la ULL se dice textualmente que “el tejido productivo local y los consumidores podrían verse dañados por esta situación de control de mercado”.
Ante esta amenaza, tanto la Cámara como la propia Confederación Regional del Comercio han mostrado su profunda preocupación por la situación de crisis galopante que está atravesando el sector, que en estos momentos registra una “caída brutal” de las ventas, y un paro que en septiembre se situó cerca del 16%, con más de 28.4OO desempleados registrados en las Oficinas del INEM.
En este sentido, González Martín dijo que las modificaciones que se hagan a la Ley no pueden poner en peligro una actividad comercial de la que dependen más de 136.000 familias en el Archipiélago. Hizo, además, un llamamiento expreso al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para que mantenga el espíritu de su compromiso, recogido en su programa electoral, “1.100 Medidas para la Segunda Modernización de Canarias”, en el que proponía exigir del Gobierno del Estado la no aplicación de esta directiva en la medida en que pone en peligro la subsistencia del comercio tradicional de las Islas.
“Ahora, lo que pedimos desde las Cámaras y desde la Confederación Regional de Comercio es que el Ejecutivo Autonómico no modifique la Ley de Comercio en profundidad, sino sólo en aquellos detalles necesarios para cumplir con la Directiva de Servicios europea”, apuntó el presidente de la institución cameral.
En este sentido, Rivero Ceballos manifestó que el régimen de autorizaciones que contempla la actual Ley de Comercio en el Archipiélago ha permitido un incremento de la competencia en los últimos años y ha garantizado la oferta en los términos que ahora exige la directiva Bolkestein. De hecho, durante los últimos años se han ido instalando en Canarias grandes superficies, de tal manera que prácticamente todas las cadenas importantes tienen presencia en las Islas. Así, Canarias se sitúa hoy como la tercera Comunidad Autónoma con mayor superficie de centros comerciales.
Por su parte, el presidente de CORECO comentó que el Dictamen de la ULL es un informe independiente, imparcial y objetivo “que viene a refrendar el posicionamiento que mantiene el pequeño y mediano comercio frente a los perniciosos efectos que puede generar un cambio en la legislación canaria que regula al sector”.
Luis de Miguel Bartolomé dijo también que las más de 160 organizaciones empresariales de las Islas que integran CORECO apoyan el informe elaborado por la ULL. Advirtió, además, “que si los cambios que pretende el Ejecutivo regional suponen abrir la puerta a una mayor implantación de centros comerciales, el pequeño comercio de Canarias tendrá los días contados”.
Asimismo, el vicepresidente de la Confederación de Pymes del Comercio en Las Palmas, Graciliano Afonso alertó sobre el impacto que la crisis está teniendo en el sector, provocando el cierre de numerosos establecimientos comerciales. “La continua caída de las ventas nos augura una negra campaña navideña, que incidirá aún más en la debilidad de nuestro sector, que de ninguna manera puede encajar una Directiva que pretende abrir el mercado a una feroz y dañina competencia”
En este sentido, el Informe de la Universidad defiende el mantenimiento del actual sistema de autorización para la implantación de grandes establecimientos, centros comerciales, tiendas de descuento duro y de saldo permanente, establecido en la Ley 10/2003 y Decreto 232/2005. Argumenta que las restricciones establecidas en la legislación canaria no son discriminatorias, son proporcionales y mantienen los niveles de competencia, sin producir la oligopolización de mercados, cumpliendo así con lo previsto en la Directiva.
Desde Coreco, además, se pide al Ejecutivo regional que no altere el actual sistema legal de horarios comerciales, que “fue concebido para proteger el tejido comercial de las pymes, tal como reconocen las exposiciones de motivos de los textos legales nacional y autonómico”, según explicó De Miguel Bartolomé.
Trato diferenciado y coherencia
Otro de los argumentos que la Universidad de La Laguna ha puesto sobre la mesa con su Dictamen es que Canarias no puede dar la espalda a la línea argumental que ha venido manteniendo desde el año 1986, defendiendo ante Bruselas y el Gobierno español un trato diferenciado hacia las Islas.
“Una labor – tal y como resaltó el catedrático de Economía Aplicada de la ULL- que nos ha permitido contar con el articulo 299.2 en el Tratado de la Unión Europea, que autoriza al Consejo a adoptar medidas específicas para las Islas en materia de política aduanera y comercial”.
En esta línea, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y la patronal del sector comercial, CORECO, han pedido al Gobierno de Canarias coherencia con los planteamientos que tanto desde el Ejecutivo como desde el resto de las fuerzas parlamentarias y la sociedad, en general han defendido para mantener nuestros derechos como territorio ultraperiférico y fragmentado dentro de la Unión Europea.
A juicio de González Martín “no podemos tirar por la borda años de lucha en defensa de los intereses de los pequeños y medianos comerciantes, ni despreciar consensos y acuerdos intersectoriales, como los que se alcanzaron con una Ley de Comercio, que ha demostrado establecer un justo equilibrio entre los diferentes formatos comerciales”.
La Directiva de Servicios en el Mercado Interior Europea afecta a casi todas las ramas económicas integradas en el sector servicios (comercio, la hostelería, la restauración, el ocio, el turismo, artesanía, servicios industriales, distribución, entre otros). Trata de garantizar la libre circulación de empresas entre países miembros y eliminar las trabas al crecimiento de determinados formatos empresariales, en concreto las grandes superficies comerciales.
Conclusiones del Dictamen
Las Islas Canarias tienen en el artículo 299.2 del TCE el reconocimiento de especialidades derivadas de los condicionamientos económicos y sociales. Es posible entonces establecer especialidades, de acuerdo con el alcance jurídico conveniente, en las disposiciones comunitarias tales como la Directiva.
Las actividades de comercio son de una notable importancia en Canarias, como lo demuestra su participación en el PIB, el volumen de empleo que genera y de excedente de explotación y rentas mixtas.
Su importancia va más allá de los porcentajes de participación. En una economía abierta, como la de las Islas, con una gran extroversión, como se corresponde con su historia económica, un territorio fracturado y aún con déficit notable de infraestructuras de transporte, alejada del continente Europeo, la logística asociada al comercio tiene una importancia estratégica.
Los mercados de pequeña dimensión y lejanía pueden ser objeto de estrategias conducentes a posiciones de dominio. Esto sugiere que exista un sistema de autorización específico para la Comunidad Autónoma de Canarias. Sistema de autorización que toma en consideración la vulnerabilidad de los territorios insulares pequeños y alejados, como ha puesto de manifiesto constantemente la literatura especializada en “economía de las islas y los pequeños estados”.
El sistema de autorización actual ha permitido el crecimiento del sector, generado un alto nivel de inversión y de creación de empleo. Es evidente que el cambio de tendencia que se produjo a finales del año 2007, tiene motivaciones de otra índole.
Se demuestra con los hechos que el sector crece combinando el crecimiento de empresas pequeñas, medianas y grandes. Tal crecimiento es posible porque el mercado crece en virtud del crecimiento de la renta, la población y la distribución de la localización de la población en Islas y zonas que hasta hace bien poco tiempo tenían baja densidad de población.
El sistema de autorización ha permitido que se instalaran en Canarias en los últimos años todo tipo de comercios, incluidos las grandes superficies y almacenes. Tal es este crecimiento que Canarias es la tercera comunidad autónoma en porcentaje de superficie de centros comerciales respecto del total de superficie dedicada a las actividades comerciales.
El sistema de autorización es necesario en tanto la implantación de locales de gran dimensión seguiría afectando al tejido empresarial local, no mediante prácticas de libre concurrencia, sino probablemente a través del ejercicio de la posición de dominio y las barreras de entrada, provocando formas de mercado irreversibles, que disuaden la emprendeduría.
En este sentido, afectaría a la protección de los consumidores, vía concentración de la oferta. Con el agravante de que el carácter archipielágico y la distancia al continente, permiten la diferenciación de precios, al presentar elasticidades demanda-precios diferentes en el ámbito insular, motivadas por las dificultades (costes y tiempo) de desplazamiento de los demandantes.
El sistema de autorización actual responde al criterio de “razón imperiosa de interés general”, en los términos establecidos en el artículo 4, apartado 8), en tanto protege el medio ambiente y el entorno urbano. El consenso alcanzado en el Parlamento de Canarias al aprobar determinadas normas (Directrices), demuestra el interés por cambiar de orientación estratégicamente el crecimiento, buscando una mayor eficiencia en el uso del suelo y administrado el 20′6% de suelo susceptible aún de aprovechamiento.
Las normas existentes en Canarias no establece requisitos prohibidos por la Directiva, ni discriminaciones. Son necesarias puesto que no es conocida una “opción mejor próxima” en el ámbito del “saber probado”. Son proporcionales en el sentido de que la asignación de suelo debe estar presidida por el criterio de austeridad y eficiencia, evitando intervenciones de daño irreversible, y mantiene los niveles de competencia por el lado de la oferta. Por otra parte, resultan proporcionales, de suerte que modulan el establecimiento, sin evitar la competencia ni producir la oligopolización de los mercados, como se puede observar en la información disponible.
Actividad Comercial en Canarias
El comercio es el 10′2% del PIB a precios de mercado de Canarias. Tomando como base el año 2000, el índice del VAB del comercio era en 2005, última información disponible por la Contabilidad Regional de España, de 116′1; índice inferior al del VAB total de Canarias, 121. Había generado el 11′1% del excedente de explotación y rentas mixtas totales de Canarias, con un crecimiento del 29′5% entre el 2000 y el 2005. Para el año 2005, el sector comercio y reparaciones acumulaba 136.000 empleos equivalentes a tiempo completo. Por tanto, la economía de las Islas Canarias es muy sensible a los cambios que puedan producirse en las actividades comerciales.
El número de empresas en Canarias se ha ido incrementando relativamente. La tasa de crecimiento más importante se encuentra en las empresas de más de quinientos asalariados y en las que tienen entre 100 y 199 salariados. De esta suerte, el incremento del número de empresas en todas las dimensiones, medidas en términos de número de asalariados, es un indicador relevante de la competencia por el lado de la oferta.
Desde el punto de vista de la inversión, la Encuesta Anual de Comercio revela que las Islas Canarias es la comunidad autónoma de mayor inversión entre los años 2001-2005, con la única salvedad de Madrid. El nivel de inversión indica que las empresas han disfrutado de buenas expectativas, lo que unido al indicador anterior, sugiere un dinamismo competitivo considerable.
La Encuesta Anual de Comercio permite diferenciar el comercio minorista. Los resultados en términos de inversión y productividad son similares a los del comercio en general. Canarias es la tercera comunidad autónoma en inversión y la sexta con menor productividad.
El número total de locales dedicados al comercio al por mayor ha tenido un ligero incremento entre 2006 y el 2003 del 4′09%. El 96% de los locales son de empresas con sede en Canarias, pero su volumen de negocios es el 89% del total y ha ido cayendo desde 2003 cuando era del 92%.
En el comercio al por menor el crecimiento del número de locales ha sido del 6′1% entre 2006 y 2003. El porcentaje de empresas con sede en Canarias se ha mantenido con un ligero crecimiento hasta el 99%, sin embargo el volumen de negocios es del 74%, con un crecimiento de dos puntos desde 2003.
Escrito por enaguere 
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